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Asesoría Legal Constitucional en Perú

¿Qué es el Derecho Constitucional?

Es aquella rama del derecho constituido por las normas directrices de todo el sistema jurídico que se hayan contenidas en la Constitución Política del Perú, ninguna otra norma puede contradecir las disposiciones establecidas en la Constitución, por ello, los jueces tienen el deber de aplicar criterios constitucionales en sus resoluciones y que ninguno de sus criterios contradiga los principios constitucionales, en la teoría legal eso se denomina control difuso del Derecho Constitucional.


¿Qué se entiende por Derechos Constitucionales de primera generación?

Derechos civiles y políticos, entre los cuales se encuentra el derecho fundamental a la libertad, el derecho a la participación política, la igualdad ante la ley. También son denominados como “el núcleo duro” de la Constitución.


¿Qué se entiende por Derechos Constitucionales de segunda generación?

Derechos Sociales y económicos, entre los cuales se encuentra el derecho a la educación, a la no discriminación, el cuidado a la salud, son aquellos que buscan mejorar las condiciones materiales de los ciudadanos.


¿Qué se entiende por Derechos Constitucionales de tercera generación?

Derechos de Solidaridad, entre los cuales se encuentran los derechos a un medio ambiente sano,la comunicación y la asistencia humanitaria,la protección de los derechos al consumidor, entre otros.


¿Qué es una acción de Habeas Corpus?

Una acción de habeas corpus es una acción judicial planteada ante un juez constitucional que busca la liberación de una persona frente a una detención irregular y sin base legal.


¿Qué es una acción de amparo?

Una acción de amparo es una acción judicial planteada por una persona o entidad jurídica destinada a resarcir una decisión legal que afecta derechos constitucionales distintos al de la libertad.


¿Qué es una acción de Habeas Data?

Una acción de habeas data es una acción judicial orientada a regular la información concerniente a una persona cuando ésta considera que dicha información afecta sus derechos fundamentales. Entre los tipos de habeas data están:

Habeas Data Informativo

Cuando se solicita información a través de entidades depositarias de datos.

Habeas Data Correctivo

Cuando se busca rectificar información que se considera inválida.

Habeas Data Aditivo

Cuando se busca añadir información.


Abogados especialistas en derecho constitucional para empresas en Perú

Toda empresa forma parte del sistema legal peruano, en dicho sentido, los órganos de aplicación legal deben respetar la estructura jerárquica planteada por la Constitución. Las empresas se relacionan con múltiples entidades administrativas o privadas; cuando alguna de ellas vulnera los principios constitucionales activa la posibilidad de entablar reclamaciones legales; el código procesal Constitucional detalla que algunas acciones constitucionales son residuales, es decir, deben aplicarse una vez concluidos los trámites iniciados ante los juzgados respectivos. Es importante señalar que las acciones constitucionales empresariales toman como referencia conceptos básicos como los siguientes:


La economía social de mercado.

Nuestro esquema constitucional asume un término medio entre economía liberal y economía planificada, las disposiciones constitucionales establecidas en la Constitución protegen a la sociedad en armonía con la actividad privada y a ello se conoce como economía social de mercado.

La libertad empresarial.

Se trata de la facultad que tiene el sector privado de desarrollar empresa sin que el Estado intervenga sobre la base de limitaciones arbitrarias, los límites son las potenciales afectaciones a los derechos constitucionales.

La reserva de Ley en Tributos.

Los tributos sólo pueden crearse por Ley, o a través de Decretos Legislativos, dicho principio se entiende en el hecho de que únicamente la legislación y la representatividad son facultados para imponer tributos en la colectividad.

La no confiscatoriedad.

Dicho principio se origina en el hecho de que la carga tributaria no puede ser superior a los ingresos del contribuyente; si ese fuera el caso, dicha carga sería inconstitucional.

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